Representantes de la oposición, entre ellos varios presidenciables, suscribieron un documento en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
04/02/15| Varios precandidatos presidenciales y dirigentes de distintos partidos políticos de la oposición concurrieron este miércoles a la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en Lavalle al 1300, de esa capital, para suscribir el “Acuerdo político en pos de la independencia judicial”.
En ese marco, reclamaron que el Gobierno nacional “deje trabajar a jueces y fiscales con total normalidad, sin presiones”.
Con ese objetivo pasaron Sergio Massa, José Manuel de la Sota, Julio Cobos, Ernesto Sanz, Hermes Binner, Margarita Stolbizer, Carlos Brown, Gerónimo Venegas, Gerardo Morales, Mario Negri y Graciela Ocaña, entre otros.
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo al firmar el compromiso que “un país serio se construye con independencia de poderes y de confianza hacia la sociedad, sin manoseo de las instituciones”. Tras mantener un encuentro con las autoridades de la institución, el diputado consideró “muy importante que este acuerdo que tiene que ver con la independencia del poder judicial y con garantizar el respaldo de toda la dirigencia política a fiscales y jueces, debe ser un compromiso asumido por todos de manera personal. Vamos a construir una Argentina seria con independencia de poderes, transparencia y libertad del poder judicial para trabajar”.
“Respaldamos al Poder Judicial ante tanto manoseo de las instituciones”, remarcó Massa, que agregó que “más allá del respaldo que todos tenemos que darle a la Justicia debemos exigir que no suceda algo como lo de ayer con el caso Píparo, que desluce a la Justicia en momentos en los que la sociedad necesita confianza. Un país serio se construye con independencia de poderes y de confianza hacia la sociedad, sin manoseo de las instituciones”.
Del encuentro participaron además los diputados Mauricio D’Alessandro, Graciela Camaño, Francisco de Narváez y Adrián Pérez. Asimismo, asistió uno de los apoderados del Frente Renovador, Gabriel Mihura Estrada.
Por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, estuvieron su presidente Ricardo Recondo, el vicepresidente primero José Alejandro Sudera, vicepresidente del ministerio público fiscal Ricardo Sáenz, vicepresidente del ministerio público de Defensa Gustavo Ernesto Kollmann, Mariano Pérez Roller, Diego Barroetaveña.
Por la UCR, estuvieron los dos precandidatos presidenciales, el senador Ernesto Sanz y el diputado Julio Cobos, junto a los presidentes de los bloques parlamentarios del partido, Gerardo Morales y Mario Negri. El senador Sanz pidió al Gobierno que “deje trabajar al Poder Judicial con total normalidad, sin ningún tipo de presión a jueces y fiscales”, y recordó que “el radicalismo históricamente ha defendido la independencia de la Justicia, pero entendemos que hoy tenemos que reafirmar ese compromiso”.
Cobos expresó que “ante hechos de gravedad institucional y avasallamiento como el que hemos vivido en el reciente pasado; venimos a poner en valor hechos de fortaleza institucional. A lo mejor lo que firmamos hoy puede ser considerado una obviedad, porque bastaría con respetar la Constitución pero teniendo en cuenta todo lo sucedido entendemos necesario que las diferentes fuerzas políticas se expresen a favor de acatar las sentencias de los jueces y la independencia de poderes. Es bueno además, tomar posturas como la Asociación de Magistrados para el caso de las escuchas para que el organismo que trabaja en el tema quede en manos de la Corte y no de la Procuración”.
También asistieron por el FAP en el Frente Amplio Unen los diputados Margarita Stolbizer y Hermes Binner, acompañados por los diputados Alicia Ciciliani, Juan Carlos Zabalza y Omar Duclos. Allí compartieron la preocupación acerca de los diversos “intentos de injerencia del Poder Ejecutivo sobre la acción de la Justicia”, recordando que los mismos “quedaron explícitos” con los intentos de reforma que luego parcialmente la justicia frenó con la declaración de inconstitucionalidad de los cambios al Consejo de la Magistratura.
“Sin embargo, está claro que este Gobierno quiere (o necesita) funcionarios judiciales militantes para poner a través de ellos un freno a todas las investigaciones judiciales penales que los involucran en causas muy graves. Defendemos la independencia de los jueces no como un mecanismo de protección sobre ellos sino como una garantía constitucional que tutela los derechos de las personas para que sepan que siempre la justicia actuará con neutralidad, responsabilidad y transparencia sin inclinar la balanza para el estado o para los más fuertes en desmedro del ciudadano común o de las partes más débiles”, manifestó la diputada Stolbizer. También coincidieron en que es necesario debatir de manera plural y con profundidad los contenidos de una reforma que brinde celeridad a los procesos, transparencia y credibilidad a la acción de los jueces.
Para Stolbizer y Binner, “la ley debe estar por sobre todo, pero por eso mismo los legisladores debemos ser también celosos de nuestro rol institucional para que nuestra tarea no esté guiada por la defensa de intereses particulares ni oportunismos electorales o necesidades de los funcionarios o de los poderosos. Del mismo modo, la Justicia está para custodiar los derechos individuales y colectivos y también en funcionamiento de las instituciones, y los procesos de concursos, designaciones y asignaciones de causas deben ser absolutamente transparentes”.
También el Pro adhirió a la declaración de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional para garantizar la independencia de la justicia. “Entendemos a la independencia de los poderes como un presupuesto de la libertad que constituye la base de la República y es una garantía a los ciudadanos. Queremos una Justicia que actúe libremente”, señalaron los referentes del Pro para luego concluir que “es importante defender esta causa para que los ciudadanos argentinos puedan ser juzgados por jueces que no sean controlados por el poder de turno”.
Finalmente, manifestaron que “el éxito de las minorías extremistas depende de que las grandes mayorías se silencien. No podemos permitir que esto suceda, la sociedad ya ha mostrado señales de que no lo hará”.
Asistieron a la firma del acuerdo Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Laura Alonso, Pablo Tonelli, Cornelia Schmidt-Liermann, Francisco Quintana, Alejandro Fargosi, Mauricio Devoto y Pablo Clusellas.
Gerónimo “Momo” Venegas, presidente del Partido Fe Nacional, acompañado de los legisladores parlamentarios Miryan Juárez y Carlos “Tato” Brown, dio también su respaldo público “a la defensa de una Justicia independiente, y realzó el objetivo de llegas hasta las últimas consecuencias con la investigación que había iniciado el fiscal Nisman de los verdaderos responsables de la causa AMIA”. Venegas también defendió “las investigaciones del fiscal Bonadio y todos los jueces fiscales que quieren que la verdad y justicia triunfen en la Argentina”.
El documento
Los puntos centrales del documento son:
1) La independencia del Poder Judicial de la Nación será garantizada y respetada por los demás órganos públicos y los actores de la vida política e institucional de la república, principio que naturalmente comprende el aseguramiento de su autonomía financiera.
2) Los poderes públicos respetarán la labor del Poder Judicial de la Nación de modo irrestricto, absteniéndose de interferir de cualquier manera en el desempeño de sus funciones; circunstancia que comprende el incondicional e inmediato acatamiento de las sentencias y decisiones que éste dicte.
3) El Consejo de la Magistratura de la Nación cumplirá con transparencia y eficiencia sus funciones y misiones constitucionales, asegurando la eficaz prestación del servicio de justicia y la independencia de los jueces. El Congreso de la Nación velará por el permanente equilibrio en la integración del Consejo y éste garantizará transparencia en los concursos públicos y se abstendrá de enjuiciar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Los procedimientos disciplinarios jamás se convertirán en herramientas de asedio para sofocar la actuación de jueces independientes.
4) Garantizar la independencia y autonomía de los Ministerios Públicos, cuyo único principio rector de actuación deberá ser la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Se rechaza enfáticamente la partidización del Ministerio Público y su subordinación a cualquier poder público, partido político, persona o interés ajeno a su estructura. Las investigaciones que lleven adelante los fiscales serán respetadas por los demás órganos públicos, a la vez que se garantizará su libertad de criterios jurídicos. Los fiscales serán seleccionados a través de concursos públicos transparentes y no podrán ser enjuiciados por el contenido de sus dictámenes. Los mecanismos de remoción de los magistrados del Ministerio Público asegurarán el debido proceso y sus decisiones no estarán sujetas a intereses partidarios.
5) Impulsar el dictado de normas que doten a jueces y fiscales de herramientas suficientes y eficientes para cumplir sus funciones constitucionales. En ese sentido, entre otras medidas, se preverá la efectiva puesta en funciones de una Policía Judicial, que dependa directamente del Ministerio Público Fiscal; como así también el traspaso a la órbita del Poder Judicial de la Nación de las oficinas encargadas de materializar las órdenes judiciales de intervención de comunicaciones telefónicas, actualmente dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
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