En una decisión sin precedentes sobre el derecho de acceso a la información pública, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó al Ejecutivo provincial a brindar datos sobre ausentismo docente a la Asociación por la Derechos Civiles (ADC), una ONG que se dedica a promover los derechos de las personas en situación de amenaza.
El pleito se originó en un pedido de amparo que la ADG presentó en 2007 para saber cuántos días de clases perdieron los alumnos de 36 escuelas secundarias de los distritos bonaerenses de Florencio Varela, Villa Vatteone y Mariano Moreno, debido a las faltas de los docentes, a raíz de que la Dirección General de Cultura y Educación no brindó la información requerida entiempo y forma.
Ese recurso había sido rechazado tanto por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata, como por la Cámara del mismo fuero, por lo que la ADG presentó un recurso extraordinario ante la Corte, que finalmente lo aceptó, en un fallo cuya mayoría afirmativa conformaron los ministros Daniel Soria, Hilda Kogan, Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters.
Al aceptar el amparo, la Corte en impuso a la administración provincial la obligación de brindar a ADG, en un plazo perentorio de 15 días desde la notificación del fallo, la información requerida. En el fallo, al que accedió DIB, los magistrados resaltan que, por regla general, toda persona debe tener acceso a la información pública, porque de esa manera los ciudadanos pueden controlar a sus representantes.
Con citas a la las constituciones Nacional y Provincial, y a pactos internacionales, los ministros destacan que el derecho al acceso a la información pública evolucionó de tal modo que actualmente la adecuada publicidad de los actos de gobierno importa una práctica que atañe a la buena administración, que contribuye a la transparencia de la gestión pública y fortalece la confianza entre los ciudadanos y el Estado.
