El dirigente del Frente Renovador, Martín Redrado, se refirió a los acuerdos alcanzados recientemente con China y su votación en el Congreso: “La relación con China es estratégica para la Argentina, pero ha perdido equilibrio. El próximo gobierno deberá revisarla a la luz de una política de estado que integre a la Argentina con todos aquellos países donde tenemos valores e intereses convergentes”.
En este contexto, el ex presidente del Banco Central dijo que: “El acuerdo, implica un privilegio y una afectación potencial de los principios de las leyes administrativas de contratación y de igualdad ante otros posibles interesados. No se ha aclarado en base a qué patrones se decidirá que el financiamiento es a condiciones ventajosas y se pone como requisito para la adjudicación directa al financiamiento concesional sin precisar si ese financiamiento deberá estar basado en condiciones determinadas o preferenciales”.
En este sentido Redrado agregó: “En materia de recursos humanos involucrados en actividades laborales, el artículo 6 sostiene que con sujeción a su legislación y de conformidad con el derecho internacional aplicable, cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta propia, en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor, siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo necesarios para el ejercicio de dichas actividades”.
“Esto no parece un privilegio a priori frente a ciudadanos argentinos, aunque sí ante ciudadanos de terceros países. No parece sino garantizar condiciones de igualdad de chinos y argentinos, aunque puede ser una oportunidad de competencia para recursos humanos argentinos ante posible oferta de trabajadores chinos, los que de todos modos deberán someterse a procedimientos legales locales” aseguró Redrado.
Por último, señaló que es necesario ver los “vicios constitucionales en la aprobación del tratado por el Congreso, en especial el incumplimiento de recaudos en materia de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil, exigidos por las Convenciones contra la Corrupción mencionadas en este informe, y que son también posibles de inferir respecto de distintas constitucionales (art. 36 y ccds.), así como la exigencia de un debate adecuado previo a la aprobación de un convenio marco de tal relevancia”.
