-Con pedido de publicación por Sebastián Comini –
Por la causa hubo allanamientos en la Jefatura Departamental, Jefatura Distrital y Comisaría. Se investiga si uno o varios funcionarios policiales se quedaron con el dinero destinado al pago del Corso y de la Fiesta de la Guitarra del año pasado.-
De un año a esta parte algunas cosas cambiaron para bien para los hombres y mujeres que son parte de la policía de nuestra ciudad, y una de ellas tiene que ver con las horas adicionales que este año percibirán como corresponde tras cumplir servicio en el marco de lo que fue el Corso y la Fiesta Nacional de la Guitarra, algo que no pudieron hacer en el 2014, porque manos inescrupulosas les metieron la mano en el bolsillo y se quedaron con un monto cercano al millón de pesos que estaban destinados al pago de los servicios prestados por el personal policial.
El caso fue recordado, pues se inició una investigación judicial – a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo del Dr. Diego Torres – y como resultante de la misma se llevaron adelante allanamientos simultáneos en la Jefatura Departamental, Jefatura Distrital y Comisaría. Un hecho inédito y bochornoso para la gestión del Comisario Mayor, Jorge Antonio Silva.
Esto sucedía días después del relevamiento de la Jefa Distrital, comisario inspector Marta Tolosa y del ex Jefe de Calle, Oficial Principal Ezequiel Montoya, quienes son algunos de los investigados por la Justicia para deslindar sus responsabilidades en el hecho que se investiga.
Los allanamientos tuvieron lugar el 21 de abril de 2014, siendo encabezados los mismos por el Fiscal Diego Torres, e intervino además personal de la División Asuntos Internos de la policía bonaerense, abarcando no sólo las dependencias mencionadas, sino también un sector privado ubicado en el primer piso del edificio donde funciona la Comisaría local.
La intervención del Jefe Departamental, Comisario Mayor Jorge Antonio Silva, tuvo un rol preponderante en los relevos de los citados funcionarios, pues dos semanas antes de los procedimientos relevó a Montoya, y una semana antes a Tolosa. Como se dice comúnmente, “los salvó del incendio”.
Volviendo a la investigación en sí, cabe consignar que la misma se inició al recibirse un sobre anónimo en la sede de la Fiscalía mencionada, refiriendo su contenido a un supuesto delito que se habría perpetrado con la liquidación de los servicios prestados personal policial en el Corso y en la Fiesta de la Guitarra, disponiendo el Dr. Torres en consecuencia una serie de medidas investigativas, las que permitieran corroborar la veracidad de lo denunciado.
El Fiscal solicitó entonces al Dr. Emiliano Lazzari, Juez a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2 Departamental, la correspondiente orden de allanamiento, y siendo concedida la misma solicitó la intervención de Asuntos Internos para concretar el procedimiento y para que estos pudieran colaborar puntualmente en su realización, dado la experiencia de ese personal en este tipo de cuestiones.
La justicia puntualmente investiga las liquidaciones y los montos que se habrían abonado al personal de esas dependencias por las horas de servicio prestadas durante las mencionadas fiestas populares, ya que según lo denunciado, el personal había cumplido ocho horas de servicio adicional, siéndoles abonadas el 50 por ciento como “Horas CoRes” y el resto como “Horas Polad”.
La realidad sería que la Municipalidad de Dolores habría pagado la totalidad del servicio como “Horas Polad”, presumiéndose que algún oficial de alto rango habría retenido para sí la diferencia.
Durante el allanamiento se incautó el Libro de Guardia a fin de corroborar que personal prestó ese servicio esos días, como también las planillas respectivas de liquidación de las horas adicionales de servicio.
La causa está caratulada como “Violación de los Deberes de Funcionario Público”, delito que habría sido perpetrado en perjuicio del patrimonio municipal, de la provincia, y del personal al que se le abonó un servicio distinto al que realmente había prestado.
Por otra parte, durante el allanamiento el personal de Asuntos Internos habría corroborado la existencia de “graves faltas administrativas”, por lo que se inició un sumario a fin de evaluar responsabilidades.
A un año de los hechos, la investigación aún está en curso, y si bien ya se cuenta con importantes elementos para avanzar, la pesquisa se ha dilatado, aunque dentro de los parámetros de lo que son las actuaciones judiciales en estos tiempos, esperándose que en no mucho tiempo más se conozca quién o quiénes se quedaron con lo que no era de ellos, y puedan ser juzgados y eventualmente condenados – si la Justicia así lo entiende –, lo que llevará tranquilidad al personal policial, ya que lógicamente aspiran a un resarcimiento económico y moral.
En diálogo con “Luces y Sombras”, el Fiscal Diego Torres explicaba que al día de hoy las actuaciones se encontraban en Procuración General (en la ciudad de La Plata), donde se estaba cumplimentando una pericia contable, la cual una vez concluida, volvería a su Fiscalía, para que con los elementos que arroje dicha pericia, pueda tomar las medidas que considere oportunas para arrojar luz sobre este escandaloso hecho que tuvo lugar el año próximo pasado.
Consultadas fuentes de la Procuración, daban cuenta que las pericias que se vienen realizando estarían confirmando graves irregularidades con el pago de los servicios adicionales a la policía local, lo cual puede complicar la situación de uno o más funcionarios policiales de rango.
Al decir del Fiscal, una vez probado el hecho delictivo, lo más difícil en estos casos, es deslindar las responsabilidades de los funcionarios policiales de menor rango, ya que usualmente refrendan con su firma por mandato de sus superiores, lo que no necesariamente implica su participación en un hecho delictivo.
Todos los caminos conducen a la figura del ex Jefe de Calle, Oficial Principal Ezequiel Montoya, al ex titular de la Comisaría, Comisario Fabián Martínez, a la ex Jefa Distrital, Comisario Inspector Marta Tolosa, y al ex Jefe Departamental, Comisario Mayor, Jorge Antonio Silva, que son parte de la cadena de mando policial y tendrían que responder sobre el particular una vez que el Fiscal reúna los elementos suficientes como para – en principio – imputar a algunos de los nombrados y/u otros funcionarios policiales que entienda puedan estar implicados en el hecho.
Para los conocedores del funcionamiento de la institución policial, la clave está en la orden de servicio, ya que la misma se contrata en la Comisaría, pero se controla y supervisa por intermedio de la Jefatura Distrital y de la Jefatura Departamental. Además, la aprobación de los servicios de POLAD pasa por la Jefatura Departamental, por lo que no lo puede desconocer ni lo una ni otra dependencia policial.
Sebastián Comini
