La iniciativa, consensuada en una subcomisión entre siete fuerzas políticas, avanzó este martes con la venia de la Cámara Nacional Electoral, aunque aún le resta el paso por otras tres comisiones para ser tratada por el pleno de Diputados.
El proyecto fue unificado entre propuestas de Carla Carrizo (Suma +), Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco), Patricia Bullrich (Unión Pro), Oscar Aguad (UCR), Guillermo Durand Cornejo (Demócrata Progresista), Omar Duclós (GEN), Adrián Pérez, Alberto Asseff y Graciela Camaño (Frente Renovador).
Carrizo se puso al hombro la defensa del proyecto y sostuvo que “la información electoral es un derecho”, teniendo en cuenta que “en Argentina el voto es obligatorio” y que los porteños podrían tener que llegar a votar seis veces este año. Por ende, indicó la diputada del espacio que lidera Martín Lousteau, se trata de “construir un bien público”.
Todas las iniciativas legislativas coincidían en que fuera la Cámara Nacional Electoral el organismo encargado de organizar el debate de modo de garantizar la “neutralidad”. Entre otras cosas, este ente deberá fijar la fecha para el debate, entre 10 y 20 días hábiles antes de la elección, “si no hubiera acuerdo unánime entre los candidatos”.
Además, deberá convocar a los postulantes a la presidencia a una audiencia “a fin de que expresen sus opiniones en lo relativo a la determinación de la fecha, hora, lugar, y moderadores del debate”.
Los puntos de discusión
Si bien todos los legisladores respaldaron el proyecto, hubo algunas objeciones al texto unificado. El primero en hacer uso de la palabra fue Asseff, quien propuso que también sean obligatorios los debates entre los candidatos a diputados y senadores.
Otro de los puntos en discusión tuvo que ver con las sanciones que recibirán los candidatos que se nieguen a debatir. Al respecto, los diputados acordaron no retirar los espacios publicitaros a los postulantes, sino dedicar los primeros 20 segundos del spot, ya sea radial o televisivo, a un aviso que indique que dicho candidato no accedió a debatir.
Esos 20 segundos serán descontados del tiempo total del que disponen los candidatos para hacer publicidad en los medios con financiación del Estado.
“Esta sanción es demasiado suave”, consideró Asseff, quien exigió penalidades más duras, mientras que su par massista Pérez manifestó que “el esquema de sanción es correcto porque lo va a empujar la ciudadanía”.
Por su parte, Pablo Tonelli (Unión Pro) planteó que “no queda claro cuál será la participación de los ciudadanos” en el debate. Lo que propone el proyecto es “implementar un mecanismo participativo para que, en forma previa a cada debate, el electorado pueda incidir en los temas de política pública que considere prioritarios y sobre los que habrá de versar el mismo”.
La oficialista correntina Araceli Ferreyra, en tanto, se metió en la disputa porteña y consideró que el candidato del Pro, Horacio Rodríguez Larreta, debería acceder a un nuevo debate con su contrincante de ECO, Martín Lousteau.
“El debate siempre es necesario. Ojalá que el Pro pueda hacer un llamamiento a que se hagan esos debates”, sostuvo Ferreyra al defender el proyecto, que en el primer artículo establece que la obligatoriedad de discutir ideas y propuestas también rige para el balotaje.
En cuando al modo de transmisión, la iniciativa acordada fija que se realizará por los medios de comunicación estatales, pero la macrista Patricia Bullrich se diferenció en este punto al sostener que “los medios públicos pueden generar un sesgo”.
La legisladora puso como ejemplo las transmisiones de los partidos en Fútbol para Todos, donde habló de las referencias que hacen los periodistas a los candidatos del oficialismo, pero sin dar nombres.
Mónica Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, le salió al cruce y aclaró que el resto de los medios privados podrá reproducir el debate. Y, en otro orden, calificó como “excesivo” aplicar la ley al balotaje.
Por último, Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista) opinó que “sería muy importante como señal política que para las elecciones de octubre tengamos la ley sancionada”.
Al cierre del debate, Carrizo aseveró que “esto no está hecho para candidatos, sino para los ciudadanos”, y apuntó que “la Cámara Nacional Electoral garantiza la neutralidad y reglas equitativas para los candidatos”.
La porteña puso como ejemplo el debate realizado en el canal TN, donde se excluyó a la candidata de izquierda Myriam Bregman del debate, a pesar de haber superado el piso del 1,5 por ciento que fijan las PASO.
El proyecto dictaminado este martes deberá ser tratado ahora por las comisiones de Comunicaciones e Informática, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, todas presididas por el Frente para la Victoria.
La opinión de los invitados
El integrante de la Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Via, quien participó de la discusión en la subcomisión, destacó que “es muy auspicioso que el Congreso debata este tema” ya que “el único soberano es el pueblo, y el pueblo tiene derecho a saber de qué se trata”.
Dalla Via explicó que los candidatos que se niegan a debatir porque miden bien en las encuestas “se olvidan de que la ciudadanía tiene el derecho de escuchar propuestas”, y que allí radica la necesidad de la ley, aunque consideró que “no debe ser un marco exclusivamente regulatorio”.
Por su parte Hernán Charosky, impulsor de la iniciativa Argentina Debate, destacó que “el espíritu del dictamen es construir un bien público”, pero advirtió sobre la posibilidad de que haya “una utilización distorsiva de la obligatoriedad”.
Argentina Debate es una plataforma integrada por organizaciones de la sociedad civil que promueven el primer debate presidencial de la historia argentina para el próximo 4 de octubre en la Facultad de Derecho.
