“El esquema es lo más abierto posible, porque intenta trazar una línea a partir de la cual cambian los tiempos”, afirmó Prat Gay en conferencia de prensa en Madrid.

“Solamente quedan excluidas las personas que están procesadas por una lista de delitos” o “están denunciadas por el AFIP”, pero el resto podrán participar, añadió.

El funcionario precisó que los funcionarios públicos actuales al participar corren un “riesgo político”, ya que “sus declaraciones juradas serán transparentes y públicas.

“Quien aparezca el próximo año con un patrimonio que se multiplicó diez veces y es funcionario público tendrá que explicarlo, y sin lo puede hacer el presidente Macri ya dijo que tomaría las medidas que se tengan que tomar”, remarcó.

En cuanto a los ex funcionarios, se prevé el mismo tratamiento, explicó Prat Gay.

Según indicó, tendrán la obligación de presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción durante cinco años subsiguientes. Por lo tanto, “tendrá que aceptar que su declaración sea pública, por lo que le cabe el mismo inconveniente”.

En un comunicado publicado ayer, la Junta Nacional de la Coalición Cívica ARI afirma que los funcionarios de los tres poderes del Estado y de todos los niveles de administración, así como los contratistas y concesionarios del Estado y las personas imputadas en delitos contra la administración pública, deben quedar excluidas del beneficio de la Ley de Blanqueo propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional ya que constituiría un acuerdo de impunidad”.

Recuerdan que ésta es una postura historia del partido liderado por Elisa Carrió, que es de carácter innegociable, ya que constituiría una clara violación al tratado anticorrupción y un escándalo moral para el país.

“Hemos anunciado un proyecto de sinceramiento fiscal, y lo que decimos es que hay tiempo hasta enero de este año para regularizar la situación bajo un criterio que es la “última oportunidad”, insistió Prat Gay.

Según destacó el ministro, este proyecto no toma como referencia a otros países, sino que se basa en nuestra propia historia y en las perspectivas de futuro.

“Por primera vez un gobierno puede decir con cierta credibilidad que este es el último blanqueo”, subrayó, para luego explicar que Argentina entrará a formar parte de una red de intercambio automático de información a partir de la cual podrá identificar el dinero oculto que antes no podía identificar.

Prat Gay indicó que en el programa de transparencia y sinceramiento fiscal argentino “hay cuestiones muy distintivas”.

“La primera es que tenemos una tasa impositiva, una penalidad muy alta comparada con cualquier otra experiencia internacional, del 10 % en los primeros meses de vigencia del esquema y del 15% a partir de enero del próximo año”, puntualizó.

“Creemos que la tasa debe ser alta porque no puede suceder lo que sucedió con otros blanqueos, como el último del kirchnerismo, que fue sin penalidad”, recordó. Por lo tanto, “era importante una tasa de penalización y no de compasión”, insistió.

En ese sentido, detalló que se establecerá un sistema de tasas crecientes: “para montos inferiores a los 20.000 euros pueden participar del esquema sin penalidad, hasta 60.000 euros pararan una tasa del 5% y de ahí en más tasa del 10%”.

Asimismo, recordó que si los activos que se están transparentando son en efectivo, están obligados a depositarlos en entidad financiera y deberán permanecer allí hasta el próximo año para “evitar trucos”.

“Somos conscientes de lavado de dinero, y creemos que este es un capítulo que hay que cuidar mucho”, argumentó.

Y la segunda característica del proyecto, apunto, “tiene que ver con este criterio moral”.

“Si vamos a poner una multa a los que no pagaron, démosle un premio a los que sí pagaron”. En ese sentido, el ministro dijo que no cree que haya antecedentes de este tipo en el mundo.

“El premio para los que cumplen es que les eliminamos el impuesto a los bienes personales durante 3 años y les reducimos el anticipo de ganancias del año en curso hasta un 50%”, explicó, al tiempo que consideró que esta política supone un “beneficio financiero porque al final del ejercicio fiscal hay que pagar el monto entero”.

Según Prat Gay, el gobierno quiere eliminar gradualmente el impuesto a los bienes personales – que se distorsionó con la inflación-, para transformarlo en un impuesto a la herencia.

“Es parte de una discusión en Parlamento. Nuestra idea es ir reduciendo las alícuotas durante tres años para que al final esté en vigencia un impuesto a la herencia”. “Esta una discusión que tenemos que tener con las provincias porque no está claro si es de jurisdicción nacional o provincial. En caso de que sea provincial queremos homogeneizarlo en las distintas provincias”, zanjó.