El proyecto fue aprobado con 49 votos –unanimidad- y fue fruto del acuerdo entre funcionarios y tres movimientos sociales: la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y Barrios de Pie.
Representantes de esas y otras organizaciones celebraron la sanción de la ley en las afueras del Congreso, con un corte en el cruce de las avenidas Rivadavia y Entre Ríos.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ) destacó que el proyecto “impacta fuerte sobre los que más lo necesitan”.
Recordó que la propuesta “nació en la calle con la movilización de los trabajadores el día de San Cayetano”, y que luego “fue construida en el Senado, no fue diseñada en una oficina del Poder Ejecutivo”.
“Lejos de ser un proyecto que intentaba perjudicar a alguien, buscaba netamente justicia. Los trabajadores no vinieron aquí a pedir un plan o un empleo público, sino a garantizar sus derechos y su dignidad”, explicó el bonaerense en el recinto.
Por su parte, Luis Naidenoff (UCR-Cambiemos) consideró que no hay que “festejar” la Emergencia Social porque “es una expresión del arrastre de la crisis”. “No queremos que existan más políticas clientelares”, aportó su par Silvia Elías de Pérez.
Jaime Linares, del GEN, opinó que la ley “no es la solución definitiva, pero es un camino sobre la base del consenso” para enfrentar la situación de “pobreza” que es “reproducida por el sistema”.
La flamante norma prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 la Emergencia Social en todo el territorio nacional, con un universo de beneficiarios estimado en 3,5 millones de trabajadores.
En ese marco se crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como “ámbito institucional permanente”.
Este nuevo ente deberá intervenir para transformar paulatinamente los programas sociales nacionales en un “Salario Social Complementario”, que recibirán los trabajadores inscriptos en el nuevo Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP).
El jefe de Gabinete estará facultado a “efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias” para proveer los fondos adicionales que exige la ley, hasta un monto inicial de 25.000 millones de pesos, durante los tres años que dure la Emergencia Social.
En el caso de que al 31 de diciembre de 2018 esos fondos hubieran sido ejecutados, podría reasignar partidas por otros 5.000 millones de pesos, como máximo: en total, el costo de la ley sería así de 30.000 millones.
La iniciativa original había sido presentada en el Senado por impulso de Abal Medina y Linares, y había sido aprobada a mediados de noviembre último.
Sin embargo, en Diputados avanzó un nuevo proyecto consensuado entre los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Trabajo, Jorge Triaca; y movimientos sociales, que suscribieron un acta acuerdo que luego fue refrendada por legisladores.
Entre los puntos allí consensuados figura la actualización de los montos de los programas “Argentina Trabaja”, “Ellas hacen” y “Trabajo Autogestionado” a la suma de 4.000 pesos, además de un pago adicional de 2030 pesos a los beneficiarios de estos planes.
También se acordó un aumento del 40% de las partidas para comedores comunitarios, y del 63% para merenderos, y la distribución de un millón de canastas navideñas entre los sectores vulnerables en todo el país.
“En el acta prevemos medidas que rápidamente hagan que estos trabajadores tengan en su bolsillo la respuesta que están necesitando para este mes de diciembre y el año que viene”, ponderó la senadora Teresita Luna, del Movimiento Evita.
