La denuncia involucra, además de a Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Defensa, Julio Martínez; el embajador argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, y a los diputados nacionales Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, por lo que consideran “una clara violación de la Ley 22.520 que establece el marco normativo para realizar dichas adquisiciones”. La denuncia recayó en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanello y será investigado por la Fiscalía 5 de Franco Picardi.
Los diputados nacionales Héctor Recalde, Luis Basterra, María Teresa García, Diana Conti, Verónica Mercado, Axel Kicillof y Rodolfo Tailhade, son firmantes de la denuncia, en la que se preguntan por qué el gobierno está realizando “la mayor compra de armas de la historia”. La denuncia es consecuencia de un informe que Roberto Navarro emitió por la señal de noticias C5N el domingo 26, en la que reveló supuestos detalles de la operación.
Hay dos preguntas que el bloque K se formula y que pide que se investiguen: “¿Por qué se está realizando la mayor compra de armas de la historia?, y ¿por qué las negociaciones son secretas?”.
Según indica el embajador Lousteau en la nota enviada al congresista norteamericano, Pete Visclosky, la compra de material bélico sería para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en la cooperación frente a las amenazas globales como el terrorismo internacional. Sin embargo, sostienen en base al listado de armas conocido que “surge que el argumento es falso, ya que el material bélico que estaría en proceso de compra por parte de nuestro país, nada tiene que ver y no resulta para nada idóneo para ese fin”.
El embajador también señaló que la embajada argentina ofició de nexo entre el Gobierno argentino y el de los Estados Unidos y particularmente entre los legisladores argentinos y el congresista norteamericano.
“No se comprende la participación de los diputados nacionales del interbloque Cambiemos Eduardo Amadeo y Luciano Laspina en las gestiones de compra de armamento”, expresan en la presentación n la que señalan que Amadeo no se limitó exclusivamente a la reunión con el congresista norteamericano, sino que además hizo un seguimiento vía e-mails con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, preocupándose por la órbita oficial por donde se realizaría la operación comercial.
La justicia deberá investigar por qué las tratativas se hicieron en secreto, existiendo el Servicio Logístico de la Defensa que es el organismo que asume bajo su órbita la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, en todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento militar conjunto (Ley N° 22.520).
