El Gobierno provincial envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados por el que incorpora al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires la figura del arrepentido.
La iniciativa había sido anunciada desde el Ministerio de Justicia que conduce Gustavo Ferrari e ingresó formalmente este miércoles en la Cámara baja.
“En la lucha contra el crimen organizado, una de las herramientas más efectivas con las que cuenta, o puede contar, el Estado, es la información. Precisamente, la figura del arrepentido se ha revelado como uno de los instrumentos más adecuados para obtenerla”, fundamentó el Ejecutivo.
De este modo, la futura norma define al arrepentido de la siguiente manera: “Cuando en el marco de investigaciones complejas o que tengan por objeto organizaciones o estructuras criminales, existan motivos fundados para concluir que la declaración de un imputado será una prueba esencial para asegurar el esclarecimiento del hecho o el éxito de la pesquisa respecto de otros autores, coautores, partícipes o encubridores que resulten más relevantes, y aquél se comprometa a aportar datos o indicaciones conducentes al efecto, el fiscal podrá proceder al archivo de la causa a su respecto”.
Su declaración “deberá aportar datos que revelen la identidad de otros autores, coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados u otros conexos, y que permitan un significativo avance de la investigación”.
Para esto deberá celebrarse un acuerdo entre el fiscal y las personas que brindaren información, y ser homologado por el juez interviniente. “Cuando haya sido expresamente acordado por las partes, el juez de garantías podrá dictar sentencia condenatoria contra el imputado arrepentido. En caso contrario, la ejecución de los beneficios acordados serán diferidos al momento del dictado de la sentencia condenatoria por el tribunal de juicio. El juez o tribunal actuante no podrá fundar la condena exclusivamente en lo manifestado por el imputado arrepentido”, expresa el proyecto.
También aclara que “no podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político o enjuiciamiento previo, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial”.
La iniciativa del Ejecutivo tomará estado parlamentario en la próxima sesión y seguramente será analizada por al menos tres comisiones antes de ser llevada al recinto.
