Por orden de un fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, el Estado provincial deberá restablecer el requisito de efectuar análisis previos por parte de universidades nacionales u organismos científicos públicos antes de permitir el ingreso de residuos especiales generados en otras jurisdicciones.
La decisión del organismo judicial, surge tras una denuncia presentada por la organización no gubernamental Asociación Inquietudes Ciudadanas, desde donde solicitaron la anulación de una resolución dictada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
La denuncia, según indica el fallo, señalaba que con la nueva norma el OPDS se atribuía “la facultad de determinar el grado de toxicidad de las sustancias que ingresan al territorio provincial, eliminado todo control previo a la solicitud del interesado” y que así han ingresado a territorio bonaerense “sustancias tóxicas cuyo destino final se desconoce”.
La decisión judicial entiende que la “Provincia puede establecer estándares de protección adicionales o más rigurosos que en la normativa internacional o en la legislación nacional”, pero no “disminuir el grado de protección alcanzada en dichos ámbitos”.
Asimismo, el escrito señala que “todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado” y que la conservación del mismo permite “garantizar un desarrollo social, económico y tecnológico sustentable”.
