Muchas veces hemos señalado desde esta columna editorial que los siniestros viales constituyen una de las principales y más fácilmente evitables causas de mortalidad y lesiones en la Argentina. Y, ciertamente, el exceso de velocidad, sumado al mal estado de nuestras rutas, es uno de los factores de riesgo que peores consecuencias provocan.
Es dable pensar que un elevado número de automovilistas acostumbre transgredir las normas y no respetar las velocidades máximas. Pero si se analiza la localización y el funcionamiento de muchos de los radares, podríamos advertir que han sido ubicados en forma artera y premeditada, apuntando a inducir a infracciones muy difíciles de evitar, antes que a crear conciencia vial o prevenir tragedias.
Numerosos lectores de este diario han acercado ejemplos de la irracionalidad y el afán recaudatorio que superan el fin preventivo.
Si bien es la provincia de Buenos Aires -donde desde este mes las infracciones de tránsito son un 35% más caras- el lugar por excelencia donde se aplican estas multas “cazabobos”, también proliferan en distintos municipios de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, por citar algunas provincias. En muchos de estos lugares, los municipios han sido beneficiarios de convenios irresponsablemente firmados por autoridades provinciales o nacionales.
En numerosas ocasiones, en diferentes localidades bonaerenses, la ubicación de las cámaras está señalizada, pero la distancia entre ellas y las señales de tránsito que disponen una disminución drástica de la velocidad máxima permitida es muy corta. En algunas localizaciones, tener que reducir la velocidad desde los 120 a los 60 kilómetros por hora en pocos metros solo suma más peligrosidad aún. Hay casos donde la velocidad máxima exigida se reduce de 100 a 80 kilómetros por hora, y luego a 60 o incluso a 40, en escasos 50 metros. Otros, donde recurrentemente se multa al automovilista por supuestos excesos por encima de los 60 kilómetros por hora, sin que exista señalamiento alguno, incluso en zonas agrícolas o sin urbanizar. A lo largo del Acceso Oeste, vía rápida si las hay, las señalizaciones fijan máximas de 80, 100, 110 y 130 kilómetros por hora según los tramos, por lo que resulta especialmente artera la presencia de camionetas con cámaras, aprovechándose de las variaciones de por sí tramposas.
Algunas rutas presentan tramos donde debe bajarse la velocidad de 80 a 20 kilómetros por hora ante supuestos cruces ferroviarios por donde el último tren pasó hace más de 60 años. Otra irregularidad que nada tiene que ver con la seguridad es que las velocidades máximas no deberían ser iguales para ingresar a zonas urbanas o semiurbanas que para salir de ellas. El conductor debe reducir la velocidad en la medida que se acerca y poder acelerar cuanto ya se encuentra fuera. Sin embargo, las fotomultas lo castigan por igual.
Una reciente nota publicada en LA NACION, referida al trayecto desde la Capital Federal hacia Mar del Plata por la autovía 2, da cuenta de una situación semejante. Llama poderosamente la atención que, entre enero y octubre del año pasado, solo en la zona de Dolores se hayan registrado unas 99.000 fotomultas. Otros municipios, como Chascomús, con 93.000 notificaciones en igual período, o General Madariaga, con unas 67.000, no le van en zaga. Las multas se multiplican en varias rutas provinciales como la 63 y la 74, a las que las autoridades municipales han convertido en verdaderos cotos de caza para potenciar sus ingresos. Cualquier cálculo da cuenta de las millonarias y exuberantes cifras que se recaudan.
Independientemente de la existencia de automovilistas que violan peligrosamente las velocidades máximas, poniendo en juego vidas propias y ajenas, muchísimas infracciones detectadas a través de las cámaras afectan a respetuosos conductores que no llegan a reducir la velocidad en una distancia definitivamente corta y que son sorprendidos por los radares circulando a escasos kilómetros por hora por encima de los permitidos.
Asimismo, los radares y cámaras utilizadas para las fotomultas deben ser regularmente homologados y tener una certificación emitida en forma periódica por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que muchas veces se encuentra vencida, tornando legalmente inválido el uso del cinemómetro y nulas las actas de infracción.
La aplicación de las normas exige razonabilidad y transparencia a fin de evitar arbitrariedades, como las que enfrentan numerosos conductores que, pese a poner su mejor voluntad y empeño para manejar con cuidado, son blanco de un verdadero “curro” montado por municipios que, lejos de propender a la seguridad vial, solo pretenden financiar sus elefantiásicas e ineficientes estructuras administrativas con trampas tendientes a aprovecharse de la ingenuidad y buena fe de los automovilistas.
