Se trata de las iniciativas que reproducen el contenido del decreto 27/18, que levantó polémica por incluir modificaciones en más de un centenar de leyes. Al finalizar el debate, también se votó favorablemente el dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que declaró la invalidez de esa medida, todavía vigente.
El debate se demoró más de lo previsto por la cantidad de homenajes, cuestiones de privilegio y mociones previas al tratamiento del temario. De hecho, la aprobación se alcanzó pasadas la 1.30, cuando ya la sesión llevaba más de 13 horas -se había iniciado a las 11.26 del miércoles-, y según el siguiente resultado: el proyecto relativo al área de infraestructura recibió 141 votos a favor y 86 en contra; mientras que el de producción obtuvo 140 votos a favor, 69 en contra y 18 abstenciones, y el de la administración pública nacional, 138 votos afirmativos, 63 negativos y 25 abstenciones.
En esas dos últimas iniciativas, las abstenciones correspondieron al Frente Renovador, habida cuenta que, según explicó la titular de esa bancada, Graciela Camaño, “tenemos dictamen en ambos proyectos y consideramos que están muy bien logrados”. En el último de los proyectos también se abstuvieron los diputados puntanos de Unidad Justicialista.
El oficialismo contó con el acompañamiento del peronismo nucleado en Argentina Federal, pero para eso debió hacer modificaciones en algunos artículos controvertidos. Entre las principales, dio marcha atrás con el embargo de las cuentas sueldo y con la autorización al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para operar como actor financiero y crear fideicomisos.
Al defender los proyectos del Poder Ejecutivo, el titular de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, destacó que la norma “mejora el valor de la firma digital” incorporando en el proyecto la presunción de veracidad de la firma del titular del certificado. Agregó que “iguala el valor probatorio de los documentos oficiales electrónicos respecto de los que tienen soporte en papel”.
Por otra parte, destacó el acuerdo alcanzado con el interbloque Argentina Federal para retirar el artículo que permitía embargar cuentas sueldo. Señaló que “este tema que originalmente estaba previsto en el proyecto fue muy debatido. Si bien finalmente la propuesta fue eliminada, nos debemos un debate sobre este tema. Yo creo que había una mejora pero en el marco del consenso fue eliminado”.
En otro pasaje destacó que el proyecto baja las multas y los tiempos de permanencia en un registro de infractores que se creó en 2014 a modo de un “veraz laboral”.
Agregó que “estamos dando un gran paso para mejorar la competitividad de la Argentina, para seguir generando empleo y crecimiento que es la única manera de resolver la pobreza en el país”.
A su turno, el exministro Axel Kicillof lanzó una catarata de críticas contra lo que denominó “engendros” que reemplazan el megadecreto. A su juicio, lo propuesto por el Poder Ejecutivo fue redactado por sector privado que se lo impuso al Gobierno. Y remarcó que “desburocratización no es. Esto lo que hace es poner menos regulaciones. Eso no es sacar burocracia. El Estado tiene que regular, excepto que tengan la concepción liberal -que efectivamente tienen- de que el Estado siempre molesta a los privados que son los que van a traer la lluvia de inversiones”.
En su exposición, sobre el final del debate, el jefe del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi, reiteró las durísimas críticas hacia el decreto, insistiendo en que se trata de un método “abusivo”.
“Nosotros venimos a decir acá que lo que está haciendo hoy la Cámara de Diputados es un error terrible, un nefasto antecedente parlamentario. No deberíamos haber seguido este camino; estamos haciendo un galimatías institucional”, enfatizó. E insistió: “Estamos haciendo leyes que están vigentes por DNU”, y justificó el rechazo diciendo que “no queremos ser cómplices con este tratamiento. Esto está recontra mal hecho”.
En ese contexto, concluyó insistiendo en que “esta sesión es un mamarracho parlamentario”.
Por su parte, desde el bloque Justicialista, Javier David coincidió con las críticas al decreto rubricado en enero pasado, señalando que “no es muy republicano modificar más de 20 leyes” por esa vía. Le pasó la factura entonces al Gobierno por no cumplir en materia de transparencia. “Esta gestión nacional empieza a mostrar en muchos de estos temas que no cumple”, enrostró.
Reconoció no obstante que el reemplazo del DNU a través de tres leyes está “casi en el límite de lo que podemos”. Y advirtió que “tampoco podemos desde este Congreso estar siempre salvando este tipo de cosas”. En ese contexto destacó los cambios realizados a partir de sugerencias de esa bancada.
“La verdad que ya nos estamos cansando un poco de arremangarnos acá para arreglar las cosas que están mal hechas”, concluyó David.
Diego Bossio, por su parte, sostuvo que “este decreto no es tan bueno como dicen muchos, ni es tan malo como dicen otros”. Observó que en el oficialismo “lo único que pretenden es agilizar las inversiones” de un sector, y advirtió que “después se enojan cuando dicen que gobiernan para los ricos”.
“Para nosotros es un límite el tema del embargo de las cuentas, por eso decimos que no se van a embargar”, puntualizó el extitular de la ANSeS. Concluyó pidiendo “discutir una agenda que resuelva los problemas de fondo de los argentinos”.
El diputado Felipe Solá dijo no entender el sentido político que el presidente quiso darle al DNU rubricado en enero, “pasando por encima de un Parlamento que estaba dispuesto a trabajar”. Y confesó pensar a veces que ese decreto “fue una especie de venganza” por los episodios de diciembre.
Por su parte, el jefe de bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, afirmó que “en la concepción de este gobierno, desburocratizar es sinónimo de ajuste para los sectores populares y facilidades para el capital concentrado” porque “para desburocratizar hay que echar trabajadores, hay que limitar los espacios estatales que planifican el trabajo de la economía popular, hay que limitar las facilidades que tienen nuestros abuelos para tramitar sus derechos en la ANSeS”. Asimismo consideró que este Gobierno le sigue “atando los brazos a los laburantes y deja volar tranquilamente a las grandes empresas”.
“En el año 91, el por entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, expresaba en un decreto que “el país iniciaba una nueva fase de su historia política y económica, caracterizada por el afianzamiento de los principios constitucionales en todos los planos…” y ya conocemos cómo terminó esa historia. Es lo mismo que dice el decreto de Macri. ¿Qué casualidad, no?”, precisó el diputado nacional del Movimiento Evita.
Grosso explicó que “el voto negativo del bloque es contra la hipocresía, contra el cinismo y contra el maquillaje”. Y por último, aseguró: “queremos un proceso de desburocratización que tenga como protagonistas a los trabajadores, a los jubilados, a los campesinos, a la sociedad general y no a las grandes empresas transnacionales”.
A su turno, la diputada massista Mirta Tundis apuntó al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que definió como “un bien público”, que además “garantiza la cobertura y la inclusión social”. Según ella, con lo que se pretendía hacer con el mismo se ponía en riesgo el sistema, pues “se evadían los controles”.
“Lamentablemente en estos decretos no existe la desburocratización, sino que están haciendo un negocio para los empresarios, no le facilitan las cosas a la gente”, señaló, valorando “que hayan recapacitado” al eliminar lo previsto en el decreto sobre el FGS.
El tucumano Pablo Yedlin consideró “bochornoso” el decreto ómnibus, pero valoró que se hubiera convertido en “lo que debió ser”. “Celebramos que el oficialismo no tenga mayoría en esta Cámara, que se de marcha atrás en muchas ideas”, dijo, destacando los cambios formulados en el texto original. “En definitiva, hemos aportado racionalidad al debate”, sintetizó.
A su vez, el radical Facundo Suárez Lastra propuso una modificación en el artículo referido a los bitrenes, con relación al impacto que esos transportes pueden llegar a generar por la carta que transportan. “Entendemos que efectivamente agregar un medio de transporte que pueda abaratar costos puede contribuir a los objetivos”, señaló, pero reconoció los problemas que pueden generar “la combinación del porte de estos equipos y las deficiencias de la estructura de nuestra red vial, algo que este Gobierno está abocado a cambiar”. Por eso propuso incorporar al proyecto un párrafo que diga que la circulación de los vehículos autorizados “se limitará a corredores viales definidos por la Autoridad de Aplicación”, garantizando la seguridad correspondiente. A la hora de la votación en particular, la modificación fue aceptada.
Sobre el final del debate, el presidente del bloque Argentina Federal, Pablo Kosiner, destacó los cambios planteados por esa bancada a la propuesta oficial, luego de haber expresado enfáticamente su rechazo al decreto firmado en enero. “Entendimos que hay aspectos sustanciales de este decreto que van en contra de la Constitución”, señaló, valorando que quedó demostrado que era posible discutir en el recinto ese tipo de cosas. Admitió que “hoy el DNU está vigente; para rechazarlo se requieren dos tercios no solo en esta Cámara, sino también en el Senado, por lo que no es verdad que si hoy se rechaza el DNU, no tiene efecto. Sigue teniéndolo hasta que la Cámara alta no lo rechace”. Entonces recordó que lo que optaron por hacer fue plantear los cambios realizados en los proyectos.
“Hemos trabajado meticulosamente desde nuestro bloque, porque no nos quedamos en la declamación”, enfatizó el legislador salteño, para detallar luego los cambios promovidos por su bancada.
