El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al secretario de Energía, Javier Iguacel, por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas.
El fiscal Marijuan denunció al secretario Iguacel por la resolución en la que dispuso una compensación para las distribuidoras de gas.
En su denuncia, el fiscal pidió que se dicte una medida cautelar “urgente” para suspender los aumentos.
La denuncia es por supuestos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según el artículo 248 del Código Penal que dice que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
“Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”, dice el fiscal.
Para el fiscal, “lo más llamativo resulta que a partir de la resolución dictada (la 20/2018) se estaría compensando económicamente a las empresas prestatarias como consecuencia de la variación de costos, sobre servicios que ya han sido facturados y abonados por los usuarios, en violación al efecto cancelatorio propio del pago de una deuda”. Cita minutouno.com.
“Corresponde mencionar que una vez más que se efectúa el pago de la factura equivalente a los consumos de esos períodos se extingue cualquier tipo de obligación entre las partes (empresa distribuidora y usuario)”, puntualizó el fiscal.
Marijuán pidió que se convoque a prestar declaración testimonial a los funcionarios públicos que intervinieron en el trámite de la resolución, entre ellos la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Pidió en la denuncia que se instruya el sumario a efectos de investigar la presunta comisión de los delitos de acción pública que se desprenden de la misma.
Teniendo en cuanta los hechos denunciados, el fiscal dice que “resulta necesario adoptar de manera urgente medida cautelar suficiente mediante la cual se suspenda la aplicación del articulo 1 de la resolución 20/2018 de la secretaria de gobierno de Energía”.
“En este sentido, a partir de la vigencia y aplicación de la norma contraria a la ley se estaría provocando un perjuicio económico a los usuarios, con el objeto de “compensar” a las empresas prestatarias”, continúo el fiscal.
La presentación, luego del sorteo, recayó en el juzgado a cargo de María Servini.
