Por: Fernando Alonso-
El Gobierno anunció este martes que habilita la discusión de un bono de fin de año entre gremios y empresas, como una forma de compensar la perdida del poder adquisitivo pero fundamentalmente con la idea de frenar un paro general de 36 horas que analia la CGT para concretar antes de fin de año, probablemente en coincidencia con la cumbre de presidentes del G-20 que se realizará en Buenos Aires del 26 de noviembre al 1° de diciembre. Sin embargo, el monto que se discute (dos cuotas de $2.500 en noviembre y enero) está muy lejos de compensar la caída del salario, el carácter no remunerativo le quita incidencia en la discusión de los aumentos paritarios y, además, no será obligatorio por lo que queda en manos de las empresas acordarlo con sus empleados.
Un trabajo presentado el lunes pasado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina) estimó que la pérdida del poder adquisitivo llegó a 11% al comparar el promedio 2018 en relación con el promedio 2015 y para el caso de la jubilación mínima habrá retrocedido 7,3% respecto del promedio de 2017 y 13,9% respecto del promedio de jubilación mínima de 2015.
Las caídas de ingresos reales están muy lejos de poder ser compensadas con un bono de $5.000 que, además, no se integrarán al salario por lo que una vez percibido, en febrero de 2019, se volverá al salario habitual, similar al de octubre pasado.
La interpretación del alcance del bono también marca particularidades. Para la CGT es un hecho consumado que cada trabajador lo percibirá. Según la Unión Industrial Argentina “los representantes del Poder Ejecutivo informaron que se avanzará en la posibilidad de impulsar una compensación extraordinaria no remunerativa”. Eso mismo señaló el comunicado oficial: “se avanzó en la posibilidad de impulsar una compensación extraordinaria no remunerativa de hasta 5.000 pesos a pagarse en dos tramos con el objetivo de recomponer el salario real de los trabajadores. La aplicación del bono se definirá de acuerdo a la situación de cada sector”.
Ni el bono es una certeza ni lo cobrarán todos los trabajadores formales (y mucho menos lo informales).
Es probable que el sector de comercio y vinculados al sistema financiero estén en condiciones de otorgarlo, aunque por ejemplo el sindicato de bancarios logró un reajuste de 44,4% en los salarios por lo que prácticamente le empardaron a la inflación. Algo similar sucede en comercio, donde rigió una clausula de ajuste por inflación que si bien no es automática hasta ahora permitió mantener el ajuste salarial cerca de la inflación.
Pero en la industria la situación es distinta, especialmente entre las pymes que soportan una crisis estructural, combinación de caída de consumo interno, con competencia desleal de importaciones, con tasas de interés superiores al 80% y en algunos casos 100% que hacen imposible el financiamiento, con los aumentos exponenciales en las tarifas de la energía. Infofrma minutouno.com. Los anuncios diarios de cierres de fábricas, algunas emblemáticas como Canale, Alpargatas o las que producían zapatillas para la marca Adidas, dan cuenta de la crisis del sector.
El Indec puso en número esa crisis: cayó 11,5% la actividad fabril en septiembre y acumula un retroceso de 2,1% en el año. El país produce hoy 5% menos que cuando llegó Mauricio Macri a la presidencia.
Otros sectores ampliamente beneficiados por la política oficial, como las grandes explotaciones agropecuarias o las mineras, son de baja demanda de mano de obra por lo que tampoco tendrá impacto el bono de fin de año.
La Unión Industrial destacó “la relevancia de mantener el poder adquisitivo para sostener el mercado interno” aunque “planteó que muchos sectores de las pymes industriales y economías regionales están atravesando un momento sumamente complejo” y pidió una serie de medidas más efectivas para recuperar la actividad: programas de financiamiento a tasa subsidiada, agilidad del Gobierno para otorgar los Programas de Recuperación Productiva (REPRO) para las empresas que atraviesan coyunturas más delicadas, adelantar incentivos tributarios contemplados en la reforma tributaria, restituir el Decreto 814 que beneficiaba a industrias alejadas del puerto porteño y revisar el esquema de retenciones y reintegros dado que penaliza la agregación de valor y el empleo argentino.
Todas esas medidas que pide la industria deberían ser atendidas por el Gobierno por lo que no habría motivos para esperar alguna respuesta positiva. En el razonamiento oficial, el Estado no debe intervenir en la economía y es el mercado el que debe asignar los recursos, premiar a eficientes y castigar a quienes hicieron mal su trabajo. Sólo que, fue responsabilidad del gobierno la brutal devaluación del peso, la destrucción del mercado interno, la apertura indiscriminada de las importaciones, el desmedido aumento de las tarifas de servicios públicos y otras políticas que llevaron a esta crisis que ahora se mira y se analiza desde los despachos oficiales como si ninguna culpa tuvieran. (minutouno)
