Desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia recordaron que hay 45 mil internos para 24 mil lugares.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que señalaron que las cárceles existentes en la provincia, que dependen del Poder Ejecutivo, son insuficientes para albergar a la cantidad de personas privadas de libertad que genera cada año el sistema judicial. En tal sentido solicitaron recursos para mejorar la sanidad de los establecimientos, la construcción de más plazas y la compra de elementos que permitan monitorear las medidas alternativas de encierro.
Ante la polémica generada por las morigeraciones otorgadas desde el comienzo de la pandemia de Corona virus, los magistrados señalaron que las políticas públicas deben orientarse a equilibrar el sistema. “Los magistrados y funcionarios judiciales no establecemos las políticas públicas, no edificamos cárceles, ni compramos tobilleras. Actuamos aplicando las leyes por mandato constitucional”, indicaron.
“Las morigeraciones, arrestos domiciliarios y demás resoluciones excarcelatorias solicitadas han sido analizadas por los magistrados caso por caso. Todas estas decisiones son recurribles por las partes. El Ministerio Público Fiscal, que representa los intereses de la sociedad, puede apelarlas y promover la revisión de cada decisión”, señalaron en el comunicado.
“Tenemos la tasa de prisionización más alta del país, lo que significa que hay más detenidos por cantidad de habitantes que en cualquier otro punto de Argentina. La vocación de los magistrados y funcionarios bonaerenses es solucionar pacíficamente las controversias, poner límites a los abusos y evitar que los delitos queden impunes”, agregaron.
Con relación a la medida del Tribunal de Casación provincial que hizo lugar a una acción de Hábeas Corpus colectivo interpuesto por Defensores Oficiales señalaron que cada Juez o Jueza ha evaluado los casos concretos y que existen vías de impugnación para revisar las decisiones adoptadas que están siendo ejercidas por el Ministerio Público Fiscal.
“Este Colegio, en línea con la posición histórica sostenida en sus más de 55 años, expresa su rechazo a la injerencia indebida de quienes pretenden incidir o sancionar a los magistrados por los contenidos jurídicos de sus decisiones jurisdiccionales”, manifestaron.
“La provincia de Buenos Aires no ha adherido a la Ley Nacional de Víctimas27.372. El Colegio provincial promueve que se proceda a su adhesión legislativa, para que las víctimas y sus familias puedan ser escuchadas y ejercer así plenamente sus derechos” y agregaron que le pidieron a la Suprema Corte que prorrogue todas las medidas cautelares de protección en favor de las víctimas.
Por último solicitaron la asignación de mayor presupuesto para garantizar la sanidad en las unidades penitenciarias y construir más lugares de alojamiento, así como para que se adquieran tobilleras electrónicas, botones antipánico u otros sistemas e monitoreo confiables, a fines de optimizar la protección de la ciudadanía.
“El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires destaca que a pesar de la deficitaria situación estructural del sistema de justicia, agravada por la pandemia de COVID-19, los operadores judiciales seguimos sosteniendo con responsabilidad y compromiso la tutela de los derechos y garantías de nuestros conciudadanos.”, concluyeron.
