Mientras crecen los reclamos, el debate sobre su agremiación y el derecho a un paro vuelve a escena.
En medio de la protesta de efectivos por reclamo salarial y mejoras en las condiciones laborales, vuelve al debate la posible sindicalización de la Policía. De hecho, uno de los impulsores de la protesta es el Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires (Sipoba). Sin embargo, desde el Gobierno advierten que la agremiación es ilegal, y hace poco la Corte Suprema les dio la razón.
Hoy ninguna fuerza en el país, ya sea nacional o provincial, tiene personería gremial: el Ministerio de Trabajo de la Nación rechazó todas las solicitudes de inscripción presentadas con esa intención, pese a que Argentina cuenta con una tradición sindical importante. No obstante, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, y los países de la Unión Europea tienen sindicatos policiales. En América Latina, sólo cuentan con ese derecho en Uruguay.
El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, dijo este martes que “muchas demandas de las fuerzas de seguridad son legítimas” pero remarcó que los agentes “no tienen derecho a la sindicalización”.
Y destacó que, además del retraso salarial, “hay un reclamo permanente vinculado al bienestar de las fuerzas, a condiciones mínimas de trabajo, acceso a la vivienda y a la salud, y es uno de los objetivos de esta gestión”. Pero afirmó que en su condición de esenciales no pueden ir al paro. “En este momento las fuerzas de seguridad no tienen derecho a la sindicalización y, aunque hubo distintos debates sobre el tema, creo que ahora no estamos preparados para sindicalizarlas, es una discusión a futuro”, sostuvo.
Sin embargo, hay diversos sindicatos en el país, aunque no con el aval oficial. El Sipoba, cuyo secretario general es Nicolás Masi y en su Facebook dice que es integrante de la CTA, viene impulsando sus reclamos desde hace años en la provincia de Buenos Aires.
“La situación de los policías es malísima, en cuanto a la situación económica y las condiciones de trabajo. La pandemia lo que hizo fue agravar la situación”, aseguró este martes Masi. Y tras advertir que “si no dan los números esto puede terminar mal”, no descartó un paro de actividades. “El policía quiere saber cuánto va a cobrar a fin de mes. Nosotros pedimos 60 mil pesos de sueldo de bolsillo para oficial ingresante”, dijo.
Cabe recordar que en agosto pasado, con la firma de Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y la disidencia de Horacio Rosatti, la Corte resolvió que la ley de la provincia de Córdoba que impide la sindicalización del personal del servicio penitenciario es constitucional.
Pese a este revés, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recibió a fines de junio y dio curso a un pedido del Sipoba para analizar si corresponde la afiliación gremial de la organización en Argentina. En 2017, esta agrupación había recibido un rechazo por parte de la misma Corte nacional a su idea de acceder a la personería gremial.
La sentencia estableció que no son alcanzados por el artículo 14 bis de la Constitución: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor (…) organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
