La oposición había volteado varios incisos y tras eso continuaba el capítulo sobre privatizaciones de empresas públicas, pero la sesión pasó a un cuarto intermedio y finalmente fue levantada, con la vuelta a comisión del proyecto.
Antes de que se levantara la sesión en la Cámara de Diputados este martes, la antesala del fracaso para el oficialismo se vio con la caída casi total del capítulo de “reorganización administrativa”, dentro del capítulo de reforma del Estado. Tras la votación en particular de los artículos referidos a las emergencias y facultades delegadas de la ley de Bases (en la cual también se habían votado en contra algunos incisos), la discusión continuó con dos artículos específicos (5 y 6). Gran parte de ese texto resultó rechazado.
De 6 incisos que conformaban el artículo 5, sólo quedó en pie uno. Por 144 votos en contra y 109 a favor, se rechazó el inciso “a” que buscaba “regular y concentrar en un marco regulatorio la organización y funcionamiento interno del Sector Público Nacional” de “modo sistemático, coherente y ordenado”.
También se votó en contra, por 154 votos negativos y 98 positivos, la facultad que buscaba el Ejecutivo para “centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional” y “cuando fuera pertinente, transferir, previo acuerdo, dichos órganos o entidades a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con, de corresponder, la debida asignación de recursos. Todo ello con excepción de las universidades nacionales”.
Otro inciso que se cayó, por 141 votos en contra y 110 a favor, fue el que indicaba la atribución de “suprimir total o parcialmente competencias, funciones y responsabilidades superpuestas, duplicadas o cuyo mantenimiento se haya tornado manifiestamente innecesario de los órganos o entidades que integran el Sector Público Nacional” y la capacidad de “intervenir todos los entes, empresas y sociedades del Sector Público Nacional, cualquiera sea su tipo jurídico, con la sola exclusión de las universidades nacionales”.
Además, quedó afuera también, por 152 votos negativos y 101, la facultad para “transformar, modificar, liquidar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios y/o revertir sus recursos a Rentas Generales con el objeto de asegurar una mayor transparencia en su administración”.
El único inciso que había logrado ser aprobado, con 134 votos a favor y 119 en contra, fue el que rezaba: “Regular e implementar la mejora de la profesionalización de la carrera administrativa de los agentes de la Administración Pública nacional mediante un sistema de acceso y promoción en función del mérito y la obtención de logros y metas objetivas preestablecidas”.
En tanto, el artículo 6 se había logrado aprobar por 137 votos positivos, 111 negativos y 2 abstenciones. Establecía la facultad al Ejecutivo para “regular y concentrar en un marco normativo el régimen de contrataciones aplicable a toda la Administración Pública Nacional”.
