Hubo alta participación en todo el país y especialmente en el epicentro en la plaza frente al Congreso. Hubo manifestantes de la más diversa extracción, docentes y o docentes, militantes políticos, gremiales y de organizaciones sociales y miles de personas no encuadradas que expresaron su apoyo. En el documento final, se pidió que no haya veto y se aclaró que la ley de financiamiento de las universidades no compromete el equilibrio fiscal.
Organizaciones sociales, gremiales y políticas, junto a miles de personas autoconvocadas, volvieron a protagonizar una masiva manifestación en defensa del presupuesto universitario: las marchas se dieron en todo el país, pero el epicentro fue la plaza de los Dos Congresos, donde se leyó el documento final: “promulgue la ley de financiamiento universitario”, se exigió en el texto, leído por la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández.
La convocatoria arrancó temprano y ya hacia el mediodía había mucha gente en la plaza: los manifestantes fueron docentes y no docentes, profesores e investigadores de la casa de altos estudios; militantes gremiales, políticos y de organizaciones sociales. Y también miles y miles de personas que no pertenecen a la comunidad educativa opero expresaron su apoyo a la universidad por su rol en la movilidad social argentina.
Muchos de los carteles expresaban la trayectoria de quienes nacieron en hogares humildes, de familias sin educación formal y llegaron a tener un título que les permitió progresar gracias a la universidad pública. Las primeras generaciones de egresados, numerosas sobre todo en las universidades del Conurbano, tuvieron un protagonismo especial.
En los alrededores del Congreso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich desplegó un nutrido operativo de seguridad e hizo colocar vallados para impedir que se rodee al Congreso. Pero, debido a la masividad de la manifestación, no pudo aplicar el llamado protocolo anti piquetes, pese a que había amenazado con hacerlo.
Con Javier Milei en baja en las encuestas, varios dirigentes políticos se presentaron en la manifestación: desde Cristina Fernández de Kirchner, que bajó a saludar a los manifestantes en la puerta del Instituto Patria donde recordó que su padre era colectivero pero ella el abogada y su hermana médica gracias a la universidad, hasta Sergio Massa, que apareció rodeado de jóvenes que cantaban “Vamos a volver”. El radical Martín Lousteau encabezó una columna de su partido, que tendrá un rol clave en Diputados para sostener la ley que Milei vetará entre esta noche y mañana. Otro líder radical presente fue el senador Maximiliano Abad, quien dijo que se trató de “mucho más que una manifestación sectorial: es la declaración de principios de un pueblo unido, la educación no se veta”. También se la pudo ver a Elisa Carrió y, en el otro extremo del arco ideológico, a Pablo Moyano. El gobernador Axel Kicillof expresó su apoyo desde México, donde participa de la asunción de Claudia Sheinbaum como presidenta, pero varios de los ministros de su gabinete se hicieron presentes en la plaza.
El gobierno, por su parte, calificó de “política” a la marcha y trató de correr de eje la discusión presupuestaria y deslegitimar el reclamo salarial. El ministro de Planificación, Federico Sturzenegger, dijo que los docentes recibieron subas salariales superiores al promedio de los estatales, lo que fue rechazado por el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobitti; Bullrich dijo que la protesta forma parte de un “golpe” que se prepara contra el gobierno para “noviembre o diciembre”, el propio Milei compartió muchos mensajes de redes en los que se cuestionó a las universidades, en línea con su idea de vetar toda ley que no explicite los recursos necesarios para ser aplicada o comprometa el equilibrio fiscal,
En el documento de cierre se refutó explícitamente esa última cuestión: “esta ley, aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial, una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente porque no compromete fiscalmente al Estado, demanda solamente el 0,14% del PBI para su implementación”, leyó Piera Fernández.
En el documento también se pidió que “se reconsidere el presupuesto 2025” porque, si no, “la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave”.
Y, como habían señalado durante la jornada representantes de los trabajadores y los profesores, mencionaron la posibilidad de cierre de universidades.
“Lo que estará en juego es su continuidad, ni más ni menos que eso. Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados, mínimos para funcionar, fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024, y menos aún la proyectada por el propio Gobierno para el próximo año. Un presupuesto es ante todo una declaración de principios, y los principios que se desprenden de la propuesta difieren sustancialmente de los que entendemos el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales”, indica el texto.
El documento concluyó con una arengan contundente ante la multitud congregada en la plaza del Congreso: “Sigamos defendiendo a la universidad pública, gratuita, libre, laica, siempre. ¡No al veto!”.
