La diputada Patricia Vásquez presentó un proyecto de ley para eliminar las fotomultas como método predominante, al considerarlas un sistema recaudatorio más que preventivo. El objetivo es que se implementen solo en casos excepcionales y que los fondos se destinen a mejoras viales.
En las últimas horas, la diputada nacional Patricia Vásquez, del PRO, presentó un proyecto de ley en el Congreso que propone la eliminación de las fotomultas tal como funcionan actualmente. Para la legisladora, el sistema no contribuye a la seguridad vial y fue diseñado con fines recaudatorios, beneficiando a municipios, universidades y empresas privadas.
Vásquez, una figura cercana a Patricia Bullrich, considera que el actual método de fotomultas no ha generado una reducción significativa en la tasa de siniestralidad, sino que se ha convertido en un “negocio” para las empresas proveedoras del servicio y las instituciones involucradas. Según la diputada, “las fotomultas deben ser la excepción y no la regla”, y lo recaudado debería destinarse exclusivamente a mejorar calles, accesos urbanos e infraestructura vial.
Los puntos principales del proyecto anti fotomultas
El proyecto, compuesto por 21 artículos, propone declarar la emergencia en seguridad vial en todo el país y realizar modificaciones a la Ley de Tránsito 24.449. Algunos de los puntos clave son:
Declarar la emergencia en seguridad vial: Destinar recursos para crear un plan que reduzca la siniestralidad, fortaleciendo los controles presenciales en lugar de depender únicamente de las fotomultas.
Implementación del sistema de scoring: Proponer que este sistema, que lleva más de 16 años esperando, sea implementado en todo el país en el plazo de un año.
Unificación de la ley de tránsito: Proponer que la ley sea de orden público para evitar la dispersión de normas provinciales y municipales, y garantizar seguridad jurídica para los conductores.
Reducción del carácter recaudatorio de las fotomultas: Proponer que las fotomultas dejen de ser el principal método para constatar infracciones y que solo sirvan como apoyo a los controles presenciales.
Prescripción coherente de las multas: Retomar la redacción original del artículo 89, estableciendo un plazo de un año para la prescripción de faltas leves y de dos años para faltas graves.
Eliminación del “curro” de las empresas intermediarias: Proponer que el 100% de lo recaudado sea destinado a obras de infraestructura vial y educación vial, en lugar de repartir el 50% con universidades y empresas privadas.
Un cambio en la política de seguridad vial
El proyecto tiene como objetivo transformar el enfoque de la seguridad vial en Argentina, pasando de un esquema recaudatorio a uno verdaderamente preventivo. Vásquez destacó que “es necesario poner fin al sistema actual, que solo se utiliza para recaudar, y enfocarnos en políticas que realmente prevengan accidentes y eduquen a los conductores”.
La iniciativa ha generado debate, especialmente por su propuesta de eliminar la participación de universidades y empresas en la recaudación, y redirigir esos fondos a mejorar la infraestructura vial del país.
