Mientras que la casa de altos estudios anunció que iniciará acciones legales para impedir las auditorías de la Sindicatura General de la Nación, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la decisión de controlar los gastos de las universidades públicas.
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno continúa candente. Así, mientras la Universidad de Buenos Aires anunció que iniciará acciones legales para impedir las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la decisión de controlar los gastos de las universidades públicas nacionales y remarcó que, además, hasta 2022 se habían hecho siempre. Y el presidente Javier Milei deslizó que “las autoridades de la UBA están sucias”.
“En 2011 la Sigen hizo una auditoría sobre los títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y no pasó nada. Hay antecedentes de la Sigen sobre la UBA y no pasó nada”, dijo el funcionario nacional en declaraciones a Radio Mitre. Álvarez advirtió que esas auditorías se cortaron hace dos años, cuando la Sindicatura “detectó una irregularidad importante en la Universidad de Tucumán, que está en juicio por un desfalco importante, cobraba un canon de una minera para construir la ciudad universitaria y no hicieron nada”.
“Imaginemos que de pronto se dieron cuenta en 2022 que había una puerta abierta para la transparencia y en un acuerdo entre (Emiliano) Yacobitti y (Carlos) Zannini hicieron un dictamen de la Procuración cerrándole la puerta a la Sigen. Puerta que volvimos a abrir”, destacó Álvarez, quien remarcó que detrás del conflicto “hay intenciones políticas”.
“Las clases públicas violan los derechos de los estudiantes”
Álvarez minimizó las acciones de protesta en las universidades: “El sistema universitario tiene entre un millón y un millón setecientos mil alumnos. No podemos tomar como referencia a 60 en Plaza de Mayo. Hoy el cuatrimestre no se perdió, se dan clases, se están tomando exámenes y va a terminar con normalidad el cuatrimestre”.
Además consideró que “cuando hacen clases públicas” los estudiantes y los docentes “cometen un abuso” y acusó a los profesores de obligarlos “porque si no le ponen ausente”. En ese sentido consideró que “están violando el derecho a la educación de los alumnos”.
Alejandro Álvarez se preguntó de forma retórica “dónde está el recorte” si “todos los programas en ejecución están financiados”. Los entrevistadores le respondieron que “el recorte está en los salarios”, y el el funcionario aclaró: “La actualización salarial no está incluida en el presupuesto. Eso va por paritaria. Si la oposición lo quiere incluir, muy bien, que la ponga en el presupuesto”
Álvarez insistió: “Si te financio las carreras que tenés en ejecución y lo único que hago es no poner la actualización salarial, no entiendo dónde está el recorte”.
Tira y afloje
Días atrás el Gobierno anunció que el lunes 28 de octubre comenzarán las auditorías en la UBA. A través de un documento, la Sigen detalló los argumentos por los cuales “es necesario auditar los fondos públicos que el Estado Nacional” gira a las Universidades. “Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos”, afirmó el organismo a cargo de Miguel Blanco.
Y este viernes el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires anunció que iniciará acciones legales para defender su autonomía frente a las auditorías a través de la Sigen. La UBA sostuvo en un documento que es “una intervención inconstitucional e ilegal”.
Para al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, lo que quiere hacer el Gobierno es “unilateral” y representa una violación de su autonomía constitucional.
“Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la Sigen, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal”, sostuvo la casa de altos estudios en un comunicado.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó la decisión de la Universidad de Buenos Aires en su cuenta de X. “La Universidad de Buenos Aires ha decidido iniciar acciones legales para intentar evitar que se inicien las auditorías que muchos argentinos reclaman. La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo”.
Y el presidente de la Nación, Javier Milei, respondió el posteo de Manuel Adorni con el mensaje “PRINCIPIO DE REVELACIÓN”.
Minutos más tarde explicó: “La UBA se niega a ser auditada. Ello no sólo revela que las autoridades están sucias, sino que además las cosas son peores a lo que imaginamos, ya que el único sentido que tiene ocultar información es que lo que existe es pero a lo imaginado”.
