El juez Casanello dispuso determinar si Báez o alguno de los demás procesados en la causa ingresó a la residencia presidencial entre 2010 y 2013 y también si lo hicieron a otros organismos públicos como la Procuración General de la Nación, AFIP, Banco de la Nación y Banco Central y el entonces Ministerio de Planificación Federal a cargo del ahora detenido Julio De Vido.
Ambos organismos reclaman la citación a declaración indagatoria de la actual senadora Kirchner en la investigación de la llamada “ruta del dinero K”, vinculada al blanqueo ilegal mediante hechos de lavado de activos del dinero que las empresas de Báez obtuvieron por la asignación de obra pública en su gobierno, según el oficio judicial al que accedió Télam.
El juez rechazó por “inadmisibles” y no envió a la Cámara Federal las apelaciones anunciadas ayer por la UIF y de la Oficina Anticorrupción, pero sí ordenó medidas de prueba que le pidió la UIF.
