El pedido de anulación de las audiencias se efectuó para “evitar posibles nulidades”.
La defensa de la exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este miércoles recusaciones contra un juez de la Cámara Federal de Casación Penal y el fiscal de esa instancia, que intervienen en la llamada “Causa Vialidad”, y solicitó que las audiencias de revisión de su condena se suspendan hasta que los planteos sean resueltos, para evitar nulidades posteriores.
Los abogados de la defensa, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un escrito de 18 páginas en el que indicaron que existen “razones objetivas” que “ponen en crisis” la objetividad del fiscal Mario Villar y la imparcialidad del juez de Casación Diego Barroetaveña.
Los planteos fueron realizados ante la Sala IV de la Cámara de Casación, que integran también los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes deberán definir en las próximas horas si sostienen o postergan la audiencia prevista para el jueves en la que estaba previsto continuar con las apelaciones a la condena de Fernanández de Kirchner y los demás acusados de este caso.
Los abogados sostuvieron que el fiscal Villar expuso el lunes último una posición “autocontradictoria” con las que él mismo había expuesto en otros expedientes que el juez Diego Barroetaveña habría adelantado opinión sobre este caso al intervenir en otro.
“A efectos de evitar posibles nulidades”, los letrados reclamaron que “se suspendan las audiencias fijadas, hasta tanto el presente planteo sea resuelto por sentencia firme”.
Este jueves estaba previsto que los jueces de Casación comenzaran a escuchar a las defensas de los acusados, luego de que la fiscalía reclamó el lunes pasado condenar a 12 años de prisión a la expresidenta Cristina Kirchner.
La segunda audiencia está prevista -y ahora bajo revisión- para las 10 en la sala AMIA de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro ante los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
Para el próximo 7 de marzo está prevista la exposición de los abogados Beraldi y Llernovoy.
Ambos pedirán revocar la condena a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada” que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral por supuestos delitos con la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez.
El lunes pasado el fiscal ante Casación Mario Villar reclamó en cambio que se la condene a 12 años de prisión como jefa de asociación ilícita, delito por el cual resultó absuelta en el juicio.
Al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la expresidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Lázaro Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López.
En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por “administración fraudulenta”. Al exponer el lunes último el fiscal afirmó que durante el Gobierno de Cristina Kirchner hubo “una verdadera asociación criminal” integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron “desviar fondos hacia ellos mismos”.
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta “asociación ilícita agravada por su calidad de jefe” y “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”.
