La legisladora porteña Graciela Ocaña, denunció este martes sobreprecios y la falta de antecedentes de las empresas adjudicatarias en el programa oficial “Qunita”.
El programa Qunita lanzado este año está destinado, como se explica en la página web, a “todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración nacional de la Seguridad Social (Anses)”.
Contempla la entrega de un kit de productos para recién nacidos, donde se destaca una cuna de encastre y se completa con un colchón, un juego de sábanas, un acolchado reversible, un juego de toallas, dos enteritos de manga larga, dos enteritos de manga corta, dos pantalones tipo osito, dos pares de medias, un abrigo y un par de escarpines.
Además cuenta con dos sacos de dormir, un babero, un porta-bebé, un cambiador portátil, un bolso materno, un camisón, una bata de mangas largas, un par de pantuflas, una frazada, un neceser, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, un sonajero, un cunero móvil, un paquete de algodón hidrófilo, un paquete protector mamario descartable, una crema hidratante y una crema caléndula.
Ocaña denunció el plan oficial porque cree que se pagaron sobreprecios. Su presentación derivó en una causa judicial que está bajo la órbita del juez federal Claudio Bonadio, quien llamó a declaración indagatoria para este martes al ministro de Salud, Daniel Gollán.
Según la ex ministra kirchnerista, ninguna de las empresas que ganaron la licitación está registrada en un rubro vinculado a la fabricación de los materiales que comprende el plan.
En este sentido se refirió en particular a Fassano SRL, que figura como inmobiliaria y, de acuerdo con la investigación, el año pasado facturaba 6 mil pesos y ahora recibirá 900 millones del Estado.
Además de Gollán, el ex ministro Juan Manzur, y el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, también están citados para esta semana.
En declaraciones periodísticas, Ocaña afirmó que los funcionario “adjudicaron 1100 millones de pesos. Es un curro grande como una casa, que implica malversación de fondos públicos y se lo tendrán que explicar al juez.
Asimismo, cuestionó la mala calidad de los productos del plan destinado a mujeres embarazadas, al comentar que el mismo “es un desastre porque han pagado el doble del precio y es de pésima calidad para nuestros chicos”.
Explicó que cada kit “tiene un precio de mercado de 4000 pesos y el Estado pagó casi 8.000 pesos”.
