LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA BONAERENSE DEJÓ FIRME UN FALLO QUE ORDENA QUE SE REALICE UN NUEVO JUICIO ORAL A TRES EX FUNCIONARIOS DEL PARTIDO DE LA COSTA Y A DOS FINANCISTAS ACUSADOS DE ENCUBRIR LA DESAPARICIÓN DEL REPARTIDOR RUBÉN DARÍO JEREZ, VISTO POR ÚLTIMA VEZ HACE CASI 15 AÑOS EN SANTA TERESITA.
Según el fallo al que accedió Télam, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de la ley que habían presentado los defensores de los cinco imputados.
Se trata del ex secretario de Gobierno del Partido de la Costa Jorge Grande; el ex concejal radical Jorge López; el ex director de Inspecciones Cristian Ibarra; y Alejandro Muñoz y Carlos Subirol, miembros de la financiera Comprar SRL, para la que trabajaba la víctima.
El fallo lleva la firma de los jueces Daniel Soria, Héctor Negri, Eduardo Pettigiani y Eduardo De Lázzari, quienes descartaron los argumentos de los abogados respecto de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho.
Los magistrados citaron un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite que se efectúe un nuevo debate cuando, como sucede en este caso, en los fundamentos de la sentencia hubo “defectos que la tornaban insostenible como acto jurisdiccional válido”.
Los jueces también descartaron que el delito haya prescripto y otros planteos de los defensores.
“Rescato que el fallo haya sido unánime y estoy satisfecha. Ahora esperamos el nuevo juicio y que se condene a los culpables”, dijo a Télam la esposa de Jerez (40), Viviana Zubiaurre, que es particular damnificada en la causa.
La mujer explicó que como el caso tiene casi 15 años, la mayoría de los jueces de Dolores intervinieron en el expediente, por lo que habrá que buscar otros magistrados para que realicen el nuevo debate, lo que seguramente demorará su inicio.
El hecho ocurrió el 25 de octubre de 2001 a las 8, cuando Jerez, casado y padre de tres varones, salió de su casa a bordo de su Ford Fiesta gris.
Luego levantó dos pedidos para la empresa Arcor y estacionó de contramano sobre Diagonal 23, entre 3 y 4, de Santa Teresita, para cobrar una deuda en un local.
Al salir de allí¬, se encontró con un joven con el que conversó, se subió de nuevo a su vehí¬culo, esperó alrededor de una hora y detrás de su coche estacionó otro, un Renault Laguna con dos hombres a bordo.
Desde entonces, nunca más se supo de él y el caso sigue siendo un enigma para los investigadores y su familia.
A esto se sumó que en abril de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Dolores absolvió a los cinco acusados de encubrir la desaparición.
Los jueces Analía Avalos, Jorge Tamagno y Carlos Colombo aplicaron el beneficio de la duda, pese a que los fiscales Diego Bensi y Diego Torres habían solicitado que se condenara a Muñoz y a Subirol a cuatro años de cárcel y a los ex funcionarios a tres años y seis meses por el delito de “encubrimiento agravado”.
A pesar de que el cuerpo de Jerez nunca ha sido hallado, para ambos hubo indicios para tener por acreditado el homicidio y que los imputados ayudaron al autor o autores del crimen a eludir las investigaciones.
Concretamente, se les imputa ocultar, alterar y hacer desaparecer los rastros del delito, modificando la escena del hecho y aportando datos falsos a la investigación, entre ellos presentar a un hombre culpándose del homicidio que resultó ser inimputable.
El fallo que dispuso la absolución fue apelado por la fiscalía y por la esposa de Jerez, que consideraron que en el debate oral se había hecho una valoración “absurda” de la prueba.
La sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por Mario Kohan y Carlos Natiello, les dio la razón y ordenó un nuevo juicio “con la premura que el caso amerita”, lo cual ahora confirmó la Corte.
Por la causa pasaron cinco fiscales y se registraron varias irregularidades, ya que no se controlaron las salidas del municipio, no se pidieron las grabaciones de las cámaras de los peajes y se siguieron pistas falsas sabiendo que no llevaban a nada.
Si bien aún no se determinó por qué mataron al repartidor, una hipótesis es que la firma Comprar SRL, que se investiga si fue creada con fondos municipales, mantenía una deuda con él.
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