El país está a punto de cerrar un año en el que profundizó hasta límites insospechados su crisis política, institucional, económica y humanitaria, con la postergación de las elecciones regionales, la denegación del referendo revocatorio, un conflicto de poderes, un diálogo político de resultados improbables, cada vez más opositores en las cárceles y la potenciación de la inflación, la devaluación, el desabastecimiento y la inseguridad ciudadana.
Por Alejandro J. Lomuto
El año comenzó con la asunción de la holgada mayoría opositora en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), una situación inédita en el país desde el advenimiento del chavismo al gobierno, en 1999, no solo para el Legislativo sino para cualquiera de los cinco poderes constitucionales de la república.
Según los resultados oficiales de las elecciones de diciembre de 2015, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora se había alzado no solamente con la mayoría simple sino también con las dos mayorías calificadas que la Constitución establece para la aprobación de determinadas leyes.
Sin embargo, pronto el chavismo gobernante echaría mano de su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que invalidó las elecciones parlamentarias en el pequeño estado Amazonas, con lo cual dejó a la MUD sin la mayoría de dos tercios.
Ello, de todos modos, resultaría anecdótico pues el TSJ, con 42 sentencias -según las contó la semana pasada el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup-, dejó sin efecto casi todas las decisiones adoptadas por el parlamento, desde leyes como la de amnistía y reforma del Banco Central, hasta resoluciones.
Incluso, en uno de esos fallos, el TSJ declaró nulos todos los actos del Legislativo.
Fue la mayor expresión de un conflicto de poderes que agregó tensión a las ya tirantes relaciones entre el oficialismo y la oposición, matizadas por el aumento del encarcelamiento de dirigentes y militantes, que a este mes sumaban 104 (de ellos, solo 25 están condenados) según la ONG Foro Penal Venezolano.
En el ínterin, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dilató el trámite de convocatoria a un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, incluso mediante la imposición de requisitos no previstos en la Constitución -como una recolección de firmas adicional a la que sí establece la carta magna-, hasta que suspendió definitivamente la iniciativa sobre la base de fallos de un puñado de tribunales regionales.
Asimismo, el CNE también postergó hasta mediados del año próximo las elecciones de gobernadores que debían realizarse este mes.
Mientras tanto, todas las encuestas publicadas en el año revelaron que la mayoría de los venezolanos (alrededor de 80% en los sondeos de firmas independientes y de 60% en los de empresas cercanas al chavismo) responsabiliza al gobierno por la crisis, pide la realización del revocatorio y opina que Maduro debe dejar el gobierno.
Paralelamente, fueron profundizándose los rasgos de la crisis económica: la tasa de inflación sigue siendo la mayor del mundo y pese a que el gobierno no publica estadísticas desde 2014, fuentes privadas la estiman en más de 700% para este año.
Ese cuadro se completa con el aumento del desabastecimiento de productos de consumo cotidiano -alimentos, medicamentos y artículos de higiene y limpieza- y el mercado negro, así como con la escasez de divisas, que provocó en las últimas semanas la disparada del dólar paralelo a cerca de 5.000 bolívares, mientras el tipo de cambio oficial más alto es inferior a 700 bolívares.
La crisis económica se tornó también humanitaria con la falta cada vez mayor de medicamentos e insumos en los hospitales, y se reflejó en un incremento de la cantidad de ciudadanos que abandonaron Venezuela para radicarse en otros países.
Maduro y el oficialismo siguieron responsabilizando por los problemas económicos a una supuesta “guerra económica” contra el país, y semanas atrás ordenó la salida de circulación de los billetes de 100 bolívares, lo de mayor denominación en la actualidad.
Basó esa medida en el supuesto almacenamiento en el exterior de 300.000 millones de bolívares en billetes de 100 con el objeto de reintroducirlos en un momento determinado y desestabilizar la economía venezolana.
En ese contexto, desde comienzos de año la Unasur y los ex presidentes español José Luis Rodríguez Zapatero, dominicano Leonel Fernández y panameño Martín Torrijos procuraron instalar un diálogo entre el oficialismo y la oposición, con cierto apoyo de la comunidad internacional.
El diálogo comenzó a fines de octubre, solo después de que el Vaticano aceptara formar parte de los facilitadores, tal como lo había requerido la MUD, pero solo se celebraron dos reuniones plenarias, se canceló la tercera y se citó a otra, de destino incierto, para enero próximo.
Solo la creciente cantidad de divergencias internas dentro de la MUD explica que la falta de soluciones y el cepo cada vez mayor del gobierno sobre los derechos de los ciudadanos no haya derivado en una salida violenta, aunque la semana pasada hubo protestas e incidentes en varios estados a raíz de la cuestión de los billetes.
http://www.telam.com.ar/notas/201612/173937-venezuela-anuario.html
