Después de que el líder del Movimiento Evita denunció a su titular por “direccionar las investigaciones”, la oficina aclaró que actuó en “cumplimeinto de sus funciones”.
Por Daniel Galvalizi
Según un comunicado interno que se aprestaba a difundir la OA y al que tuvo acceso Télam, el organismo recuerda que la gestión kirchnerista en 2015 había denunciado a 59 funcionarios y en 2014 a 132 por los mismos motivos.
Ayer, el militante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, Juan Grabois, denunció en la Justicia a la ex diputada Alonso y la acusó de actuar “con parcialidad manifiesta”.
El dirigente social cercano al papa Francisco dijo que Alonso es una “funcionaria militante que no está luchando contra la corrupción como corresponde sino persiguiendo adversarios políticos”, en respuesta a que Emilio Pérsico -jefe del Movimiento Evita-, figura entre los 126 denunciados de la OA por incumplimiento de entrega de las DDJJ.
La OA -que en el comunicado que elaboró procuró no mencionar a Pérsico-, explica que presentó “en cumplimiento de sus funciones y como lo realiza todos los años, denuncias penales contra funcionarios de la actual gestión y de la anterior por incumplimiento” en su obligación de presentar sus DDJJ.
El plazo de presentación de las DDJJ vence el 30 de mayo de cada año, y para que la omisión de presentar la DDJJ configure un delito se requiere que la notificación al funcionario que no la presentó haya sido fehaciente y que se haya producido la intimación por un nuevo plazo de 15 días hábiles, “ya que el mero incumplimiento no alcanza para ser susceptible de ser denunciado”, remarca la OA.
En el ámbito del Poder Ejecutivo, las tareas de verificación de los incumplimientos y de las intimaciones son tareas que se encuentran a cargo de las áreas de Recursos Humanos de cada organismo, y luego de todo el proceso, recién la OA inicia “las actuaciones que concluyeron, como cada año, en la presentación de las denuncias penales” por incumplimiento.
Este delito, remarca el comunicado, “está previsto en el artículo 268 (3) del Código Penal y tiene penas de 15 días a 2 años de prisión”, por lo que es excarcelable.
Luego de la difusión de la lista de los 126 denunciados, el propio Pérsico -funcionario del Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Cristina Kirchner- admitió su falta: “Yo me equivoqué pero no tengo nada que ocultar. No la presenté porque creí que no era necesario”, dijo a radio 10.
Entre los 126 incumplidores, la mayoría se circunscriben a Gendarmería Nacional, la Universidad Nacional de Salta y el Correo Argentino, además de otras dependencias de la administración pública.
