La iniciativa tiene el aval de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, y establece un régimen aplicable a los sujetos que hoy están obligados por la Ley de Ética Pública a presentar declaraciones juradas.
En el caso del Poder Ejecutivo, esto incluye desde el presidente y vicepresidente a ministros, secretarios de Estado, directores y subdirectores; en el caso del Legislativo, abarca a diputados y senadores y a los funcionarios de cada cámara; y en el caso del Poder Judicial incluye a magistrados y funcionarios.
También quedan comprendidos los miembros del Ministerio Público, embajadores, síndicos, decanos, interventores federales y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros sujetos.
Entre las novedades que incorpora este proyecto de ley se establece que “también habrá conflicto de interés en las situaciones cuando se trate de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados”.
El proyecto presentado prevé crear organismos específicos en cada Poder del Estado como autoridad de aplicación de la norma.
Estas oficinas estarían integradas por personas idóneas seleccionadas a través de concurso público de antecedentes, y deberían recibir consultas, controlar y publicar las DDJJ, formular denuncias penales, crear registros de regalos (hoy sólo lo tiene el Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción) y de consultas.
Ante un requerimiento o recomendación, la autoridad de aplicación tendría 15 días hábiles (prorrogables por otros 15 días) para relevar información, analizar el caso de posible conflicto de interés y hacer una recomendación, que será pública.
En el texto se considera conflicto de interés en el ejercicio de la función pública a toda situación en la que colisionen o puedan colisionar el deber público y los intereses privados de un funcionario.
La iniciativa de la UCR establece variadas circunstancias en que podrían darse conflictos de intereses; en todos los casos, antes de asumir, los funcionarios deberían presentar sus declaraciones juradas e incorporar a las mismas dos nuevos requisitos: sus antecedentes laborales y precisiones sobre posibles circunstancias de conflictos de intereses.
El proyecto presentado por Banfi y Negri prevé, asimismo, procedimientos para actuar tanto preventivamente –antes de que un funcionario asuma- como cuando se producen circunstancias sobrevinientes.
Los funcionarios de los tres poderes tendrían la posibilidad de solucionar la colisión de intereses renunciando a actividades privadas, absteniéndose de intervenir en una actividad específica que esté bajo su órbita u optando por constituir sus bienes en un fideicomiso ciego si correspondiere.
Es importante aclarar que el proyecto de ley establece que será la autoridad de aplicación la que definirá cuándo un funcionario deberá abstenerse, es decir, no quedará al libre arbitrio del funcionario el hacerlo o no. Por último, se plantea la renuncia al cargo como solución al conflicto.
“En la actualidad, la Ley de Ética Pública resulta insuficiente. Por eso proponemos fortalecer los mecanismos de control y de rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Este es un proyecto integral que ha sido elaborado en base a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción”, explicó Banfi.
En tanto, Negri -jefe del bloque radical y del interbloque Cambiemos en Diputados- concluyó: “Este proyecto viene a sumar a la normativa vigente la prevención y solución de conflictos de intereses, porque en una República todo lo que se haga en favor de la transparencia resulta beneficioso para combatir la corrupción y afianzar las instituciones”.
El nuevo régimen sobre conflicto de intereses fue promovido por Macri luego de dos escándalos que lo colocaron bajo sospecha por la existencia de negocios familiares en el medio: el acuerdo con el Correo Argentino y el caso de la aerolínea Avianca.
